¿Sabías que las personas mayores de 70 años tienen derecho a solicitar mejoras en la accesibilidad?

La ley establece que, en estos casos, la comunidad no necesita aprobarlo en junta, lo que hace que el proceso sea más rápido y directo. Si alguna persona en el edificio necesita estas mejoras, como la instalación o adaptación de ascensores, todos los propietarios deben colaborar económicamente, pero con un límite para evitar que sea una carga demasiado pesada.

¿Cómo se financian estas obras?

Aunque todos los propietarios deben contribuir, la ley marca un límite claro: el coste anual por propietario no puede superar 12 mensualidades ordinarias, siempre que se descuenten las ayudas o subvenciones públicas que puedan recibir. Esto asegura que la carga económica se mantenga equilibrada y no resulte excesiva.

¿Y si el coste de la obra es mayor?

Si el coste de la obra supera este límite, la comunidad debe decidir cómo proceder. En este caso, si más de la mitad de los propietarios está de acuerdo, se podrá realizar la obra, pero la financiación del exceso deberá ser aprobada por la mayoría.

¿Qué pasa si no se llevan a cabo estas obras?

Si la comunidad no realiza las obras necesarias, las personas afectadas pueden solicitar la intervención de las autoridades para garantizar que se realicen. Además, las personas con discapacidad tienen derecho a ajustes razonables en su entorno para garantizar su autonomía.

¿Por qué es importante conocer esto?

Cumplir con la ley no solo es una obligación legal, sino también un paso hacia una comunidad más inclusiva y accesible. Asegurarse de que todos los residentes tengan las condiciones adecuadas para vivir dignamente es fundamental. Recordemos que la accesibilidad no solo es un derecho, sino una responsabilidad de todos.

¡Haz de tu comunidad un lugar más accesible para todos!